La presidenta de la Corte Penal Internacional fue sancionada por Estados Unidos y advirtió sobre el riesgo de un retroceso histórico. Cuando quienes deben aplicar la ley pueden ser castigados por sus decisiones, la discusión deja de ser política y se convierte en una cuestión institucional.
Por Nilo Medina Chale
Hay noticias que parecen ocurrir demasiado lejos como para preocuparnos. Sin embargo, algunas contienen preguntas que afectan al mundo entero.
La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Y su primera reacción pública después de las sanciones fue una advertencia que merece ser tomada en serio.
“Lo importante es que esto no sea el comienzo del declive del estado de derecho internacional.”
La frase fue publicada por TakbirTV, que informó sobre las declaraciones de Akane tras las medidas adoptadas contra ella. (Takbir TV)
No es una expresión menor.
Porque detrás de esta disputa entre Washington y la CPI aparece una cuestión mucho más profunda: ¿qué sucede con la independencia de la Justicia cuando una potencia puede sancionar a quienes toman decisiones judiciales que afectan sus intereses?
CUANDO LA JUSTICIA LLEGA HASTA EL PODER
La Corte Penal Internacional nació en 2002, a partir del Estatuto de Roma, con una misión particularmente ambiciosa: juzgar a personas acusadas de algunos de los crímenes más graves que pueden cometerse, entre ellos genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La idea que la sustenta es sencilla:
el poder no debería ser un salvoconducto frente a la ley.
La existencia de una Justicia internacional tiene sentido precisamente cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar determinados crímenes.
Pero esa misma función convierte a la CPI en una institución incómoda para determinados gobiernos.
Y allí comienza el conflicto.
ESTADOS UNIDOS CONTRA LA CPI
Según la información publicada por TakbirTV, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó a la Corte como un:
“tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado”
y sostuvo que Washington pretendía desmantelarla “ladrillo a ladrillo”. (Takbir TV)
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y mantiene desde hace años una posición crítica respecto de la jurisdicción de la CPI.
La tensión aumentó particularmente a partir de las investigaciones de la Corte relacionadas con ciudadanos estadounidenses y de las órdenes de arresto emitidas contra dirigentes israelíes.
El gobierno estadounidense considera que la CPI ha excedido sus competencias y que sus actuaciones representan una amenaza para intereses estadounidenses e israelíes.
La CPI sostiene exactamente lo contrario: que debe poder actuar de manera independiente dentro de la jurisdicción que le corresponde.
Y aquí aparece el verdadero problema.
Las instituciones pueden ser criticadas. Los jueces pueden ser cuestionados. Las sentencias pueden ser apeladas. Pero ¿qué ocurre cuando la respuesta a una decisión judicial es sancionar al juez?
NUEVE DE LOS 18 JUECES, SANCIONADOS
El dato informado por TakbirTV es particularmente preocupante.
Según el medio, la CPI denunció que la administración Trump ya sancionó a nueve de sus 18 jueces, además de fiscales y exfuncionarios del tribunal.
La propia Corte calificó las medidas como un:
“ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”. (Takbir TV)
Si ese número se mantiene, estamos hablando de la mitad de los jueces de la institución alcanzados por medidas estadounidenses.
Esto no significa que las decisiones de la CPI sean automáticamente correctas.
Tampoco significa que Estados Unidos no tenga derecho a cuestionar jurídicamente la competencia del tribunal.
Sí significa que debemos mirar con enorme atención qué consecuencias tiene utilizar herramientas de presión económica y política contra funcionarios judiciales internacionales.
NO SE TRATA DE DEFENDER A LA CPI A CIEGAS
Una editorial responsable tampoco debería convertir a la CPI en una institución incuestionable.
La Corte puede equivocarse.
Puede ser criticada.
Puede existir una discusión legítima sobre su jurisdicción.
Los Estados pueden impugnar sus decisiones y defender jurídicamente sus posiciones.
Todo eso forma parte del Estado de Derecho.
Lo que resulta mucho más peligroso es otra cosa:
que el poder político pueda establecer de antemano cuáles son las consecuencias para un juez si su decisión resulta inconveniente.
Porque una Justicia independiente no es aquella que siempre falla contra el poder.
Tampoco aquella que siempre falla a favor del poder.
Es aquella que puede fallar sin miedo al poder.
¿QUIÉN CONTROLA AL PODEROSO?
Esta discusión trasciende a Trump, Netanyahu, Putin, Estados Unidos, Israel y hasta la propia CPI.
La pregunta es anterior.
¿Quién controla al poderoso cuando las instituciones nacionales no pueden hacerlo?
Si la respuesta es “nadie”, entonces estamos ante un problema mucho mayor que una disputa diplomática.
Porque el sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se construyó, precisamente, sobre la idea de que los Estados y sus dirigentes no podían disponer de un poder absolutamente ilimitado.
El desarrollo del derecho internacional, los tribunales internacionales y los mecanismos de protección de los derechos humanos surgieron de una experiencia histórica brutal:
cuando el poder no tiene límites, las consecuencias pueden ser devastadoras.
EL PELIGROSO PRECEDENTE
Supongamos que un juez internacional debe resolver un caso que involucra a una potencia mundial.
Antes de firmar su decisión, sabe que puede perder sus bienes, tener prohibido ingresar a determinados países o convertirse en blanco de represalias políticas.
¿Seguirá siendo completamente independiente?
La pregunta ya contiene buena parte de la respuesta.
El problema no es solamente lo que suceda con Tomoko Akane.
El problema es qué mensaje reciben los futuros jueces, fiscales y funcionarios internacionales.
Si el mensaje es que determinadas investigaciones pueden generar consecuencias personales cuando afectan a gobiernos poderosos, la independencia judicial comienza a erosionarse.
Y una institución judicial sin independencia termina siendo una institución decorativa.
EL ESTADO DE DERECHO SE PRUEBA CUANDO LA LEY MOLESTA
Tal vez esta sea la cuestión central.
Es sencillo defender la Justicia cuando condena al adversario.
Es sencillo reclamar independencia judicial cuando una sentencia favorece nuestra posición.
Lo verdaderamente difícil es aceptar que una institución independiente también puede investigar, juzgar o condenar a quienes nosotros consideramos aliados.
Ahí se prueba el Estado de Derecho.
No cuando la ley castiga al débil.
Sino cuando la ley puede alcanzar al poderoso.
UNA ADVERTENCIA QUE NO DEBERÍA PASAR DESAPERCIBIDA
Tomoko Akane dijo que había previsto, hasta cierto punto, las sanciones y que no estaba sorprendida.
Pero inmediatamente después formuló la advertencia que debería quedar resonando:
“Lo importante es que esto no sea el comienzo del declive del estado de derecho internacional.” (Takbir TV)
No sabemos todavía si estamos frente a un episodio aislado, a una nueva etapa de confrontación entre las grandes potencias y las instituciones internacionales o al comienzo de una transformación mucho más profunda.
Lo que sí sabemos es que cuando una jueza internacional advierte sobre el posible deterioro del Estado de Derecho, el mundo debería escuchar antes de que sea demasiado tarde.
Porque las instituciones jurídicas no suelen desaparecer de un día para otro.
Primero se las cuestiona.
Después se las debilita.
Luego se las condiciona.
Y finalmente puede llegar el momento en que existan formalmente, pero ya no tengan capacidad real para controlar al poder.
Ese es el verdadero riesgo.
Y por eso la pregunta no debería ser solamente qué hizo la Corte Penal Internacional.
La pregunta que deberíamos hacernos es mucho más incómoda:
¿Queremos un mundo donde la ley esté por encima del poder, o un mundo donde el poder decida hasta dónde puede llegar la ley?
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